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Trabajo de Investigación

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    Análisis jurídico de las ventajas y desventajas de la exoneración de las zonas libres (ZOLI) en Honduras, durante el período 2024
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-09) César Orlando Colindres Moncada; Edwin Renne Lemus Aguilar; Vivian Arelly Rodríguez Pérez
    La presente investigación realiza un análisis jurídico de las ventajas y desventajas que implicaría la aprobación y aplicación del Proyecto de Ley de Justicia Tributaria sobre las Zonas Libres (ZOLI) en Honduras durante el año 2024. Este régimen especial, vigente desde 1976, ha sido un instrumento clave para la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la cadena productiva nacional. Sin embargo, su permanencia sin controles efectivos ha generado distorsiones fiscales, evasión tributaria y una pérdida significativa de ingresos para el Estado, estimada en más de 500 mil millones de lempiras entre 2009 y 2023, según el Servicio de Administración de Rentas (SAR). El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria propone la derogación de regímenes fiscales desnaturalizados, incluyendo las ZOLI, y la creación de nuevos esquemas como el Régimen de Incentivos para el Desarrollo (RINDE) y las Zonas Francas. Aunque la iniciativa busca promover equidad, transparencia y progresividad tributaria, diversos sectores productivos han expresado preocupación por sus efectos en la competitividad empresarial, la seguridad jurídica y la estabilidad del empleo. La investigación se sustenta en un enfoque cualitativo, documental y jurídico comparado, incorporando entrevistas institucionales, matrices de análisis y revisión normativa. Se contrastan los principios constitucionales de legalidad, irretroactividad y confianza legítima con las disposiciones del nuevo proyecto de ley, evaluando su compatibilidad doctrinal y sus implicaciones prácticas. Además, se analizan teorías como la de los incentivos fiscales (Musgrave), la seguridad jurídica (Kelsen y Bobbio), el federalismo fiscal (Oates y McLure) y la geografía económica (Krugman y RodríguezPose), para contextualizar el impacto territorial y económico de la reforma. Los hallazgos revelan que, si bien la reforma busca corregir inequidades, su implementación sin una transición normativa clara podría generar vacíos legales, desinversión y pérdida de empleos. Se recomienda establecer mecanismos de transición, auditorías basadas en riesgo fiscal, y una articulación interinstitucional robusta entre SAR, SEFIN y SDE. Esta tesis contribuye al debate sobre la justicia tributaria en Honduras, proponiendo un equilibrio entre equidad fiscal y competitividad económica.
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    Limitaciones y restricción de derechos laborales en los contratos de servicios profesionales y de consultoría en la SEFIN durante 2023-2024
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-09) Deniss Gerardo Ortiz Canaca; Ernesto David Pineda Barahona; Vivian Arelly Rodríguez Pérez
    El presente Proyecto de Graduación analiza las limitaciones y restricciones de los derechos laborales en la contratación bajo la modalidad de servicios profesionales y de consultoría en la Secretaría de Finanzas (SEFIN), durante el periodo 2023 -2024. La investigación surge ante el uso extendido de estos contratos en la administración pública, los cuales, aunque se justifican en la necesidad de flexibilidad administrativa, han derivado en un escenario de precarización caracterizado por inestabilidad, ausencia de seguridad social y desconocimiento de derechos básicos. En la práctica, la figura del contrato por servicios profesionales ha sido utilizada para cubrir funciones permanentes, encubriendo verdaderas relaciones laborales bajo la apariencia de vínculos civiles. Esta situación genera una tensión evidente entre la legalidad formal y la realidad empírica, pues los contratistas cumplen horarios, reciben ordenes y dependen económicamente de la institución, a pesar de que los contratos establecen expresamente la inexistencia de relación laboral. La pertinencia del estudio se sustenta en el deber constitucional del Estado de garantizar condiciones dignas de trabajo, conforme al artículo 128 de la Constitución de la República, y en principios fundamentales del derecho laboral como la irrenunciabilidad de derechos, la primacía de la realidad y la presunción de laboralidad recogidos en el Código del Trabajo. El problema no solo afecta a los contratistas, sino también al funcionamiento institucional, dado que la alta rotación, la pérdida del conocimiento y la desmotivación inciden en la eficiencia del aparato estatal y en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. El objetivo general de la investigación fue examinar cómo la contratación por servicios profesionales en SEFIN limita el acceso a derechos laborales reconocidos en la normativa 2 nacional e internacional, y proponer mecanismos de mejora que fortalezcan la protección de los contratistas. Los objetivos específicos se orientaron a: analizar el marco normativo vigente; identificar las prácticas abusivas derivadas de la modalidad contractual; evaluar el impacto social y jurídico de esta práctica; y diseñar una propuesta de mejora inspirada en modelos comparados. La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, empleando dos instrumentos principales: entrevistas semiestructuradas y fichas de análisis documental. Se entrevistó a ocho empleados contratados bajo esta modalidad y a un funcionario responsable de la contratación, lo cual permitió conocer tanto la experiencia de quienes viven la precarización, como la visión institucional. Asimismo, se analizaron contratos de servicios, leyes nacionales e instrumentos internacionales de la OIT para identificar contradicciones normativas. Esta triangulación de fuentes aseguró un análisis integral y crítico del fenómeno. Los resultados demuestran que en la mayoría de los casos se configuran los elementos esenciales de una relación laboral: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. No obstante, los contratos niegan expresamente la existencia del vínculo laboral, lo que entra en contradicción con los artículos 20, 21 y 47 del Código del Trabajo. También se evidenció la práctica recurrente de renovar contratos de manera trimestral o semestral, sin reconocer estabilidad ni prestaciones como afiliación al IHSS, vacaciones o décimo tercer y décimo cuarto mes. Otro hallazgo clave fue la disparidad de criterios entre lo que afirman los funcionarios y lo que experimentan los trabajadores. Mientras desde la administración se justifica el uso de esta modalidad por razones presupuestarias, los testimonios reflejan que se trata de un mecanismo de precarización sistemática, contrario a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de trabajo decente. Frente a esa problemática, se plantea la creación del Régimen Especial para Contratistas Económicamente Dependientes del Estado (RECEDE), inspirado en el modelo español del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). Este régimen reconoce un espacio intermedio entre la relación laboral subordinada y la autonomía plena, garantizando derechos mínimos desde el primer contrato sin eliminar la figura del civil cuando corresponde. Entre sus principales disposiciones incluyen: afiliación obligatoria al Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el inicio de la relación; formalización escrita e inscripción de contratos en un registro especial de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; compensación en caso de terminación anticipada sin causa y de limitación del uso de esta modalidad a funciones técnicas, temporales o especializadas. Además, se establece que cuando existan contratos sucesivos para funciones equivalentes, deberá aplicarse estrictamente el artículo 47 del código del trabajo, reconociendo la relación laboral permanente. La implementación del RECEDE se acompañaría de mecanismos de control a cargo de la Secretaría de Trabajo y de Comités Institucionales en cada dependencia, a fin de garantizar la aplicación uniforme del régimen y reducir la discrecionalidad. Asimismo, contribuiría al fortalecimiento del IHSS mediante la ampliación de su base de cotizantes y a la estabilidad institucional al reducir la rotación de personal. El proyecto demuestra que es posible armonizar la flexibilidad administrativa del Estado con el respeto a los derechos fundamentales de los contratistas. El RECEDE constituye una propuesta viable y necesaria para corregir las deficiencias detectadas, garantizar un piso mínimo de protección, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a una gestión pública más justa, eficiente y coherente con los principios constitucionales y laborales que rigen en Honduras.
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    Eficacia del control ejercido por la contraloría del notariado en la prevención de la falsificación de documentos notariales
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-09) Jommi Renso Flores Padilla; Vivian Arelly Rodríguez Pérez
    La falsificación de documentos públicos representa una amenaza directa a la seguridad jurídica, la fe pública y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. En Honduras, este fenómeno ha adquirido una relevancia creciente, convirtiéndose en uno de los delitos de corrupción más judicializados en los últimos años. A pesar de la existencia de organismos reguladores como la Contraloría del Notariado, persisten prácticas irregulares que comprometen la legalidad de los actos notariales y afectan tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos que acuden a estos servicios en busca de respaldo legal. La presente investigación se centra en analizar la eficacia del control ejercido por la Contraloría del Notariado en la prevención de la falsificación de documentos públicos notariales. Se parte del reconocimiento de que el notariado es una función pública esencial, cuyo ejercicio debe estar regido por principios como la inmediación, la autenticidad y la ética profesional. Sin embargo, diversos casos documentados revelan deficiencias en la supervisión, la aplicación de sanciones y el cumplimiento de los estándares legales establecidos. El estudio adopta un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño no experimental transversal. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a miembros de la Contraloría del Notariado y notarios en ejercicio, así como encuestas estructuradas a profesionales del área. Esta metodología permitió explorar no solo los procedimientos institucionales, sino también las percepciones, experiencias y valoraciones de los actores involucrados. La investigación se estructura en seis capítulos. El primero presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la viabilidad del estudio. El segundo desarrolla el marco teórico y conceptual. El tercero describe el diseño metodológico. El cuarto expone los resultados obtenidos. El quinto propone estrategias de mejora institucional. Finalmente, el sexto capítulo incluye la discusión, conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis. Este trabajo busca contribuir al fortalecimiento del sistema notarial en Honduras, promoviendo prácticas más rigurosas, éticas y transparentes que garanticen la legalidad de los actos públicos y la protección de los derechos ciudadanos.
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    Análisis Jurídico de Las Ventajas y Desventajas de La Exoneración de Las Zonas Libres (ZOLI) En Honduras, Durante El Periodo 2024.
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-17) Cesar Orlando Colindres Moncada; Edwin Renne Lemus Aguilar; Vivian Arelly Rodriguez Perez
    La presente investigación realiza un análisis jurídico de las ventajas y desventajas que implicaría la aprobación y aplicación del Proyecto de Ley de Justicia Tributaria sobre las Zonas Libres (ZOLI) en Honduras durante el año 2024. Este régimen especial, vigente desde 1976, ha sido un instrumento clave para la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la cadena productiva nacional. Sin embargo, su permanencia sin controles efectivos ha generado distorsiones fiscales, evasión tributaria y una pérdida significativa de ingresos para el Estado, estimada en más de 500 mil millones de lempiras entre 2009 y 2023, según el Servicio de Administración de Rentas (SAR). El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria propone la derogación de regímenes fiscales desnaturalizados, incluyendo las ZOLI, y la creación de nuevos esquemas como el Régimen de Incentivos para el Desarrollo (RINDE) y las Zonas Francas. Aunque la iniciativa busca promover equidad, transparencia y progresividad tributaria, diversos sectores productivos han expresado preocupación por sus efectos en la competitividad empresarial, la seguridad jurídica y la estabilidad del empleo. La investigación se sustenta en un enfoque cualitativo, documental y jurídico comparado, incorporando entrevistas institucionales, matrices de análisis y revisión normativa. Se contrastan los principios constitucionales de legalidad, irretroactividad y confianza legítima con las disposiciones del nuevo proyecto de ley, evaluando su compatibilidad doctrinal y sus implicaciones prácticas. Además, se analizan teorías como la de los incentivos fiscales (Musgrave), la seguridad jurídica (Kelsen y Bobbio), el federalismo fiscal (Oates y McLure) y la geografía económica (Krugman y RodríguezPose), para contextualizar el impacto territorial y económico de la reforma. Los hallazgos revelan que, si bien la reforma busca corregir inequidades, su implementación sin una transición normativa clara podría generar vacíos legales, desinversión y pérdida de empleos. Se recomienda establecer mecanismos de transición, auditorías basadas en riesgo fiscal, y una articulación interinstitucional robusta entre SAR, SEFIN y SDE. Esta tesis contribuye al debate sobre la justicia tributaria en Honduras, proponiendo un equilibrio entre equidad fiscal y competitividad económica.
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    Limitaciones y Restricción de Derechos Laborales En Los Contratos de Servicios Profesionales y de Consultoría En La SEFIN Durante 2023 - 2024.
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-17) Deniss Gerardo Ortiz Canaca; Ernesto Ortiz Pineda Barahona; Vivian Arelly Rodriguez Perez
    El presente Proyecto de Graduación analiza las limitaciones y restricciones de los derechos laborales en la contratación bajo la modalidad de servicios profesionales y de consultoría en la Secretaría de Finanzas (SEFIN), durante el periodo 2023 -2024. La investigación surge ante el uso extendido de estos contratos en la administración pública, los cuales, aunque se justifican en la necesidad de flexibilidad administrativa, han derivado en un escenario de precarización caracterizado por inestabilidad, ausencia de seguridad social y desconocimiento de derechos básicos. En la práctica, la figura del contrato por servicios profesionales ha sido utilizada para cubrir funciones permanentes, encubriendo verdaderas relaciones laborales bajo la apariencia de vínculos civiles. Esta situación genera una tensión evidente entre la legalidad formal y la realidad empírica, pues los contratistas cumplen horarios, reciben ordenes y dependen económicamente de la institución, a pesar de que los contratos establecen expresamente la inexistencia de relación laboral. La pertinencia del estudio se sustenta en el deber constitucional del Estado de garantizar condiciones dignas de trabajo, conforme al artículo 128 de la Constitución de la República, y en principios fundamentales del derecho laboral como la irrenunciabilidad de derechos, la primacía de la realidad y la presunción de laboralidad recogidos en el Código del Trabajo. El problema no solo afecta a los contratistas, sino también al funcionamiento institucional, dado que la alta rotación, la pérdida del conocimiento y la desmotivación inciden en la eficiencia del aparato estatal y en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. El objetivo general de la investigación fue examinar cómo la contratación por servicios profesionales en SEFIN limita el acceso a derechos laborales reconocidos en la normativa. nacional e internacional, y proponer mecanismos de mejora que fortalezcan la protección de los contratistas. Los objetivos específicos se orientaron a: analizar el marco normativo vigente; identificar las prácticas abusivas derivadas de la modalidad contractual; evaluar el impacto social y jurídico de esta práctica; y diseñar una propuesta de mejora inspirada en modelos comparados. La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, empleando dos instrumentos principales: entrevistas semiestructuradas y fichas de análisis documental. Se entrevistó a ocho empleados contratados bajo esta modalidad y a un funcionario responsable de la contratación, lo cual permitió conocer tanto la experiencia de quienes viven la precarización, como la visión institucional. Asimismo, se analizaron contratos de servicios, leyes nacionales e instrumentos internacionales de la OIT para identificar contradicciones normativas. Esta triangulación de fuentes aseguró un análisis integral y crítico del fenómeno. Los resultados demuestran que en la mayoría de los casos se configuran los elementos esenciales de una relación laboral: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. No obstante, los contratos niegan expresamente la existencia del vínculo laboral, lo que entra en contradicción con los artículos 20, 21 y 47 del Código del Trabajo. También se evidenció la práctica recurrente de renovar contratos de manera trimestral o semestral, sin reconocer estabilidad ni prestaciones como afiliación al IHSS, vacaciones o décimo tercer y décimo cuarto mes. Otro hallazgo clave fue la disparidad de criterios entre lo que afirman los funcionarios y lo que experimentan los trabajadores. Mientras desde la administración se justifica el uso de esta modalidad por razones presupuestarias, los testimonios reflejan que se trata de un mecanismo de precarización sistemática, contrario a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de trabajo decente. Frente a esa problemática, se plantea la creación del Régimen Especial para Contratistas Económicamente Dependientes del Estado (RECEDE), inspirado en el modelo español del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). Este régimen reconoce un espacio intermedio entre la relación laboral subordinada y la autonomía plena, garantizando derechos mínimos desde el primer contrato sin eliminar la figura del civil cuando corresponde. Entre sus principales disposiciones incluyen: afiliación obligatoria al Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el inicio de la relación; formalización escrita e inscripción de contratos en un registro especial de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; compensación en caso de terminación anticipada sin causa y de limitación del uso de esta modalidad a funciones técnicas, temporales o especializadas. Además, se establece que cuando existan contratos sucesivos para funciones equivalentes, deberá aplicarse estrictamente el artículo 47 del código del trabajo, reconociendo la relación laboral permanente. La implementación del RECEDE se acompañaría de mecanismos de control a cargo de la Secretaría de Trabajo y de Comités Institucionales en cada dependencia, a fin de garantizar la aplicación uniforme del régimen y reducir la discrecionalidad. Asimismo, contribuiría al fortalecimiento del IHSS mediante la ampliación de su base de cotizantes y a la estabilidad institucional al reducir la rotación de personal. El proyecto demuestra que es posible armonizar la flexibilidad administrativa del Estado con el respeto a los derechos fundamentales de los contratistas. El RECEDE constituye una propuesta viable y necesaria para corregir las deficiencias detectadas, garantizar un piso mínimo de protección, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a una gestión pública más justa, eficiente y coherente con los principios constitucionales y laborales que rigen en Honduras.
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    Eficacia del Control Ejercido Por La Contraloria Del Notariado En La Prevención de La Falsificación de Documentos Notariales
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-17) Jommi Renso Flores Padilla; Vivian Rodríguez
    La presente investigación analiza la eficacia del control ejercido por la Contraloría del Notariado en Honduras en la prevención de la falsificación de documentos públicos notariales. La Contraloría del Notariado en Honduras es el órgano encargado de orientar, dirigir y vigilar el ejercicio notarial, para garantizar la perpetua constancia de los actos y contratos. La función notarial requiere de profesionales con un profundo conocimiento del derecho, con experiencia en la materia y vocación de servicio. Su labor es la redacción del documento, al cual le da forma y permite su validez a través de la voluntad de las personas que participan en el instrumento. Debe haber una estrecha relación entre el Notario, los intervinientes y el instrumento público. Es pues el principio de Inmediación el que permite esta relación, ya que si en algún momento falta este principio fácilmente se está expuesto a vulnerar la seguridad jurídica. Lo que conlleva a generar conflictos, quejas y denuncias que debilitan el correcto ejercicio de la función notarial. El estudio surge ante la creciente preocupación por las irregularidades cometidas por algunos profesionales del derecho, que afectan la seguridad jurídica, la fe pública y la confianza ciudadana en el sistema notarial. Es por ello por lo que esta investigación examina las deficiencias actuales en la Contraloría del Notariado en Honduras ante la prevención de las irregularidades denunciadas, para proponer mecanismos que ayuden al fortalecimiento de la función notarial, a efectos de minorizar los perjuicios, conflictos, quejas y denuncias interpuestas. VIII Mediante un enfoque cualitativo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a miembros de la Contraloría del Notariado y notarios en ejercicio, así como encuestas estructuradas a profesionales del área. Los resultados evidencian que, aunque existe un marco normativo vigente y procedimientos de inspección establecidos, persisten deficiencias en la supervisión, la aplicación de sanciones y el cumplimiento del principio de inmediación notarial. Entre los hallazgos más relevantes se identifican prácticas como la firma de auténticas en blanco, la delegación indebida de funciones notariales y la falta de rigurosidad en la verificación de identidad de los comparecientes. Estas acciones vulneran la legalidad de los actos notariales y facilitan la falsificación documental. Como parte de la propuesta de mejora, se plantean estrategias orientadas al fortalecimiento institucional, incluyendo la modernización tecnológica, la capacitación ética continua, la articulación interinstitucional y la promoción de mecanismos de denuncia ciudadana. Estas medidas buscan optimizar el control preventivo, garantizar la seguridad jurídica y dignificar el ejercicio notarial en Honduras.
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    Clausulas y Practicas Abusivas En Los Contratos de Seguros Por Daños, Una Amenaza Para La Seguridad Juridica de Las Empresas Consumidoras
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-17) Lauren Abigail Puerto Matamoros; Vivian Arelly Rodriguez Perez
    El presente estudio tiene como objetivo principal analizar en profundidad las cláusulas y prácticas abusivas presentes en los contratos de seguros que afectan a las empresas aseguradas en Honduras. A pesar de la existencia de un marco normativo que busca regular y prevenir estas prácticas, en la realidad del mercado persisten condiciones que generan desequilibrio, vulneran principios de buena fe y limitan los derechos de las partes, principalmente de los asegurados. Esta problemática impacta directamente en la protección jurídica, económica y social de las empresas, además de influir negativamente en la confianza general en el sistema asegurador nacional. El sector asegurador en Honduras, como en muchos países en desarrollo, se caracteriza por una estructura de mercado dominada por contratos de adhesión, en los que existe una marcada asimetría de información y un desequilibrio de poder entre las aseguradoras y las empresas aseguradas. La presencia de cláusulas abusivas en estos contratos es un mecanismo mediante el cual las aseguradoras, aprovechando su posición dominante, incorporan condiciones que limitan o excluyen derechos fundamentales, como la reclamación de indemnizaciones, la modificación unilateral de condiciones, o la imposición de penalizaciones desproporcionadas. Tales prácticas, además de vulnerar el principio de buena fe contractual, afectan la transparencia y la equidad en las relaciones contractuales, dificultando que las empresas aseguradas puedan ejercer efectivamente sus derechos. El marco regulatorio hondureño en materia de seguros y protección al consumidor contempla disposiciones destinadas a prevenir y sancionar cláusulas abusivas. Sin embargo, su efectividad es limitada, debido a deficiencias en la implementación, supervisión y control. La Ley del Contrato de Seguro regula aspectos esenciales del contrato, pero no especifica claramente cuáles cláusulas se consideran abusivas ni los mecanismos precisos para su identificación y nulidad. Por otro lado, regulaciones complementarias, como circulares y lineamientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), buscan fortalecer la protección del asegurado, pero su alcance y aplicación no son suficientes para erradicar estas prácticas en todos los niveles del mercado. Entre las cláusulas abusivas más frecuentes se encuentran aquellas que limitan la cobertura a condiciones restrictivas, establecen exclusiones amplias sin justificación clara, modifican unilateralmente las condiciones del contrato, retrasan injustificadamente los pagos de indemnizaciones, o contienen cláusulas de renuncia de derechos que no son informadas de manera transparente al asegurado. Muchas veces, las aseguradoras utilizan cláusulas poco claras o ambiguas, dificultando la interpretación y la defensa de los derechos del asegurado en instancias judiciales o administrativas. Esto genera un escenario en el que los asegurados enfrentan dificultades para hacer valer sus derechos y obtener una protección efectiva. El impacto de estas prácticas es tanto económico como social. Desde el punto de vista económico, las cláusulas abusivas provocan pérdidas significativas a las empresas aseguradas, que enfrentan retrasos en pagos, reducción de beneficios y, en algunos casos, pérdidas financieras considerables. Esto afecta la estabilidad financiera y la planificación empresarial, especialmente en sectores vulnerables o con operaciones críticas. Socialmente, estas prácticas erosionan la confianza en el sistema asegurador, fomentan la percepción de desigualdad y favorecen la impunidad de las aseguradoras, lo que a largo plazo puede disminuir la cultura de seguros y limitar el acceso efectivo a protección adecuada para las empresas. El análisis revela que, pese a las normativas existentes, la supervisión y el control en el mercado asegurador hondureño no son suficientes para prevenir y sancionar las cláusulas abusivas. La limitada capacidad de los órganos reguladores, la escasa cultura de denuncia por parte de las aseguradas y la ausencia de mecanismos efectivos para la revisión y nulidad contribuyen a que estas prácticas persistan. Además, la complejidad técnica de los contratos y la falta de información clara dificultan que las empresas aseguradas puedan detectar oportunamente estas cláusulas y tomar acciones correctivas. Frente a esta situación, la investigación propone varias recomendaciones para fortalecer el marco regulatorio y mejorar la protección de las empresas aseguradas. En primer lugar, resulta fundamental definir con mayor precisión qué cláusulas se consideran abusivas en la legislación hondureña, creando un catálogo actualizado y claro que sirva como referencia para los órganos de control y para las aseguradoras. En segundo lugar, es prioritario fortalecer los mecanismos de supervisión, incluyendo auditorías periódicas, inspecciones y seguimiento de las prácticas comerciales, para detectar y sancionar oportunamente las conductas que vulneren los derechos del asegurado. En conclusión, aunque existen normativas que buscan proteger a las empresas aseguradas en Honduras, en la práctica estas cláusulas abusivas siguen presentes y las acciones de control y supervisión son insuficientes para erradicarlas. La persistencia de estas prácticas afecta la confianza en el sistema asegurador y limita el acceso efectivo a protección, poniendo en riesgo la estabilidad económica y social de las empresas. Por ello, resulta imprescindible fortalecer el marco regulatorio, mejorar la supervisión, promover la transparencia y capacitar a los actores del mercado para lograr relaciones contractuales más justas, responsables y transparentes, en beneficio de un sistema asegurador más confiable y equitativo
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    Análisis de La Falta de Regulación Jurídica En Las Prácticas Pofesionales Universitarias de Carreras Afines Al Sector Financiero En Tegucigalpa 2024-2025
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-17) Mayda Alejandra Barnica Rodríguez; Vivian Arelly Rodriguez Perez
    El presente Proyecto de Graduación analiza el impacto de la ausencia de una regulación jurídica específica en la protección de los derechos de los estudiantes universitarios que realizan prácticas profesionales en instituciones del sector financiero en Tegucigalpa durante el período 2024–2025. La investigación surge de la necesidad de fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes de carreras afines al sector financiero, frente a vacíos legales que generan incertidumbre y limitan la formalización de la relación universidad– empresa–estudiante. Las prácticas profesionales son reconocidas como un componente esencial para consolidar competencias técnicas, éticas y sociales, contribuyendo al desarrollo del estudiante y al crecimiento del sector financiero hondureño. La metodología aplicada combina un enfoque cualitativo y documental. Se realizaron entrevistas semi estructuradas a supervisores académicos de la UNAH y empleadores del sector financiero, así como encuestas a estudiantes, para identificar las consecuencias de la falta de un marco legal, examinar percepciones sobre la regulación, determinar derechos ausentes y analizar la visión de los supervisores. Paralelamente, se efectuó un análisis documental comparativo de reglamentos universitarios, leyes nacionales, códigos de trabajo y experiencias internacionales (Colombia, Costa Rica y México), además del Convenio 142 de la OIT, para evidenciar vacíos normativos en Honduras. Los hallazgos indican que las prácticas profesionales en Honduras se regulan principalmente desde un enfoque académico y administrativo mediante xiv documentos internos de la UNAH, pero carecen de respaldo jurídico específico que formalice la relación tripartita estudiante–universidad–empresa. Esto limita la supervisión, seguimiento y reconocimiento de las prácticas, exponiendo a los estudiantes a condiciones laborales desiguales y escasa protección. Comparativamente, los modelos internacionales muestran que un marco legal robusto con convenios tripartitos y supervisión obligatoria garantiza derechos y eleva la calidad del aprendizaje práctico. Como respuesta, se plantearon dos propuestas: la primera, inmediata, es la implementación de un Reglamento de Prácticas Profesionales en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH, como piloto que puede expandirse gradualmente a otras facultades y universidades. La segunda, a largo plazo, es un Anteproyecto de Ley de Regulación de Prácticas Profesionales Universitarias, que establecería un marco jurídico uniforme para proteger derechos y mejorar la calidad de la formación práctica en todo el país. La viabilidad de estas propuestas considera recursos económicos y administrativos. El reglamento requiere presupuesto manejable para supervisión, visitas y capacitaciones, permitiendo su rápida aplicación. La ley, en cambio, enfrenta retos políticos y burocráticos, aunque podría concretarse a mediano o largo plazo, generando un impacto significativo en la educación superior y la profesionalización del sector financiero. El proyecto confirma que la ausencia de regulación jurídica incide negativamente en la calidad y eficacia de las prácticas profesionales, validando la hipótesis general y las hipótesis específicas relacionadas con la planificación, xv supervisión y aprovechamiento académico. La investigación identifica vacíos normativos críticos y resalta la importancia de un marco regulatorio que integre perspectivas académicas, empresariales y legales. Finalmente, este estudio aporta lineamientos claros para garantizar prácticas profesionales seguras, éticas y efectivas, proponiendo un reglamento inicial que pueda ampliarse y una ley futura que fortalezca los derechos estudiantiles, la supervisión y la calidad de la formación práctica, constituyendo un aporte significativo a la educación superior y al sector financiero en Honduras.
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    Obstáculos Que Enfrenta La Secretaría de Educación Para La Implementación de La Ley LESHO En La Educación Básica Pública
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-12-18) Maricela Andino Cruz; Vivian Arelly Rodriguez Perez
    El presente trabajo de investigación se centra en analizar los obstáculos que enfrenta la Secretaría de Educación para la implementación de la Ley de Lengua de Señas Hondureña en la educación básica pública de Honduras. Esta ley, establecida mediante el decreto legislativo No. 321-2013, reconoce oficialmente la Lengua de Señas Hondureña (LESHO) como medio de comunicación para las personas con discapacidad auditiva y del habla, y se establece el compromiso del Estado de garantizar una educación equitativa y de calidad para este sector de la población hondureña. Pese a su aprobación y vigencia, la implementación de la Ley LESHO ha sido limitada, lo cual se refleja en la escasa presencia de intérpretes, la falta de formación docente especializada o la ausencia de materiales didácticos accesibles en los centros educativos públicos, entre otros factores de peso que imposibilitan su correcta aplicación. Estas deficiencias representan serios obstáculos que impiden que los estudiantes con discapacidad auditiva y del habla ejerzan plenamente su derecho a la educación, tal como lo establece la legislación nacional. La investigación se enfoca específicamente en el nivel de educación básica pública, por ser la base fundamental del sistema educativo público y el nivel con mayor número de matrículas. La falta de inclusión en esta etapa formativa para los estudiantes con discapacidad auditiva y del habla no solo vulnera su derecho a la educación, sino que también incrementa los niveles de exclusión social y deserción escolar entre los niños, niñas y adolescentes con estas capacidades especiales. Este estudio está enfocado en identificar y analizar las principales barreras institucionales, pedagógicas y estructurales que enfrenta la Secretaría de Educación, que le impiden ejercer sus funciones como la autoridad educativa del país para implementar y aplicar la Ley LESHO para su debido cumplimiento. A través de la recolección de datos teóricos y normativos, el trabajo propone recomendaciones orientadas a la creación de políticas públicas y mejoras organizacionales, priorizando la capacitación docente, la asignación de recursos, la contratación de intérpretes de lengua de señas y la sensibilización de la sociedad en general. En conclusión, este proyecto busca contribuir a una comprensión más profunda del problema que vive la comunidad usuaria de la Lengua de Señas Hondureña puntualmente en su derecho a recibir educación de calidad gratuita y a la formulación de ideas que permitan avanzar hacia una educación básica justa y completa para todos los estudiantes con discapacidades del habla o auditivas.
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    Mecanismos jurídicos y sociales para garantizar el derecho a la información pública y su incidencia en la rendición de cuentas y la participación ciudadana en Honduras
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-10-13) Jannie Clarissa Cruz Rosales; Ingrid Varinia Suazo Garcia
    El presente trabajo aborda los Mecanismos Jurídicos y Sociales para Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y su Incidencia en la Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana en Honduras. La selección de este tema se efectuó en atención a la importancia que tiene el derecho de acceso a la información pública como una herramienta de la cual puede valerse la sociedad para incidir en la generación de democracia, permitir una mayor participación ciudadana en temas de interés o relevancia social, mejorar la rendición de cuentas de las Instituciones Obligadas, fortalecer la institucionalidad a nivel del Estado, generar conciencia en los empleados o funcionarios públicos en atención a sus obligaciones y en la ciudadanía en general para el máximo ejercicio de sus derechos , fomentar la cultura de la transparencia y, combatir la corrupción. En Honduras, la corrupción es un problema latente que ha afectado al país durante décadas atrasando el desarrollo y la democracia. En consecuencia, los niveles de inestabilidad han incrementado, así como, las diversas violaciones en materia de derechos humanos. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional (TI) en el año 2024, Honduras, alcanzó su puntaje histórico más bajo equivalente a 22/100 ocasionando de esta manera un deterioro profundo en el sector público. Desde el año 2012, Honduras, mantenía un puntaje entre 23 a 31 puntos, no obstante, con esta última puntuación el país se ha situado como una de las naciones más corruptas la cual, solo es superada por países como Haití, Venezuela y Nicaragua. Sirvan de ejemplo como casos de corrupción, los siguientes: Caso Hospitales Móviles; Caso Red de Diputados (2017); Caso Caja Chica de la ex Primera Dama de Honduras Rosa Elena Bonilla de Lobo (2018); Caso Pandora (2018); Caso Pacto de Impunidad (2018); Caso Caja Chica del Hermano (2018) Licitación Fraudulenta del Seguro Social (2018), Caso Arca Abierta (2018), Caso Patuca III Colusión y Corrupción (2019), Aseguramiento de bienes de la Caja chica de dama (2019), Caso Narco política (2019), entre otros. Para concretar la presente investigación se han realizado diversas actividades entre las cuales se pueden enunciar: revisión documental tanto de leyes nacionales e internacionales, lectura de libros, tesis, informes y documentos oficiales de las instituciones de gobierno vinculadas a la transparencia y acceso a la información pública, así como, recolección de datos a través de encuestas y entrevistas a expertos en el tema, investigación en línea y casos de estudio para análisis. Se espera como resultado de esta investigación que el documento sirva a la sociedad hondureña como una guía revestida de información clara, útil y detallada sobre las instituciones relacionadas al derecho de acceso a la información pública, sus mecanismos jurídicos y sociales y requisitos y procedimientos administrativos establecidos para lograr una administración pública sana que brinde información real a su población permitiendo a los ciudadanos exigir su derecho basado en la cultura de la transparencia , disminuyendo así, la corrupción del país y logrando el desarrollo del mismo.
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    Análisis de los procesos de contratación y adquisiciones del estado en Tegucigalpa, 2024: eficiencia y transparencia en el suministro de bienes y servicios
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-10-13) Jennifer Cecilia Domínguez Claros; Ingrid Varinia Suazo Garcia
    El análisis de los procesos de contratación y adquisiciones del Estado es un tema de gran relevancia en la gestión pública, especialmente en contextos donde la eficiencia y la transparencia son aspectos cruciales para el desarrollo sostenible y la confianza ciudadana. En el caso de Tegucigalpa, estos procesos han sido objeto de estudio debido a los retos que enfrenta el país en términos de corrupción, burocracia y la asignación eficiente de recursos públicos. En 2024, se vuelve imperativo evaluar cómo los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios se ejecutan en la capital, con el fin de identificar áreas de mejora que garanticen no solo el cumplimiento normativo, sino también una gestión más efectiva de los fondos públicos. A través de un enfoque analítico, se busca comprender cómo las instituciones gubernamentales implementan sus políticas de adquisición y qué tan accesibles son los procesos para la participación de proveedores y la supervisión por parte de la sociedad civil. El propósito de esta investigación es contribuir a la mejora de los procesos de compra pública en Honduras, asegurando que las adquisiciones de bienes y servicios sean realizadas de manera justa, ágil y, sobre todo, con un claro sentido de responsabilidad hacia los ciudadanos. Por lo anterior, el presente estudio pretende ofrecer recomendaciones que favorezcan una administración pública más transparente y eficiente, fortaleciendo la confianza de la población en las instituciones estatales y promoviendo una mayor competitividad en el ámbito de las adquisiciones del Estado.
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    Evaluación de los desafíos y oportunidades para la implementación de un sistema arbitral de consumo que cumpla con sus objetivos de protección al consumidor
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-10-13) Hernán Alberto Castellanos Palencia; Ingrid Varinia Suazo Garcia
    El presente estudio se enfoca en el arbitraje de consumo como medio de solución alterno de reclamos de consumidores. Basado en la experiencia encontrada en diversos países de latino América y España se llega a la conclusión que es necesario el desarrollo no solo de una ley de arbitraje de consumo sino un sistema que coordine diversos actores institucionales para lograr el objetivo. Además, algunos elementos que se han encontrado altamente diseminados y promocionados como ventajas del arbitraje en la practica generan problemas como la gratuidad del arbitraje que implica limitaciones presupuestarias y la voluntariedad del arbitraje que se ha encontrado puede generar distorsiones en la aplicabilidad del arbitraje como una vía efectividad. Finalmente, se propone la conformación de un sistema que toma lo mejor de lo aplicado pero aborda soluciones a los problemas existentes, plasmado en tres niveles de aplicación, a través de una Ley de Arbitraje de Consumo que defina su funcionamiento.
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    Phishing y robo de identidad en Honduras: un análisis de la eficacia de la repuesta del sistema judicial penal
    (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2025-10-13) Juan Francisco Reyes Cerna; N/A
    El presente informe analiza la problemática del phishing de datos en Honduras, una amenaza cibernética que ha crecido en los últimos años debido al aumento del uso de tecnologías digitales y la falta de educación en ciberseguridad. El phishing es una técnica de fraude en la que los ciberdelincuentes engañan a los usuarios para que revelen información confidencial, como contraseñas, datos bancarios y documentos personales. La investigación se centra en identificar los métodos más utilizados por los atacantes, evaluar el nivel de conocimiento de la población sobre este tipo de fraude y proponer estrategias para mitigar sus efectos. Mediante encuestas y entrevistas con expertos en ciberseguridad, se determinó que un alto porcentaje de usuarios en Honduras es vulnerable a ataques de phishing debido a la falta de medidas preventivas y la poca capacitación en seguridad digital. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que los correos electrónicos fraudulentos, los enlaces maliciosos y las páginas web falsas son las principales herramientas utilizadas para engañar a los usuarios. Asimismo, se evidenció que muchas empresas y entidades gubernamentales no cuentan con protocolos adecuados para prevenir estos ataques, lo que expone tanto a individuos como a organizaciones a riesgos significativos. Como parte de la solución, se recomienda la implementación de campañas de concienciación, el fortalecimiento de la legislación en ciberseguridad y la adopción de tecnologías avanzadas de protección contra fraudes electrónicos. La educación digital y la capacitación constante en buenas prácticas de seguridad son claves para reducir el impacto del phishing en el país. Este estudio busca generar conciencia sobre la importancia de la protección de los datos personales y financieros, promoviendo acciones concretas para mejorar la seguridad en el entorno digital de Honduras.
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    Análisis crítico de los mecanismos de control y propuestas de mejora para la prevención de la corrupción en la contratación del estado de bienes y servicios en el sector salud
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-10-13) Martha Elizabeth Martínez Hernández; Ingrid Varinia Suazo Garcia
    Honduras al igual que el resto de los países de Latinoamérica, sufre el flagelo de la corrupción en la administración de los fondos públicos, que debilita la confianza y la perspectiva de la sociedad por la incidencia de corrupción en el sector público y la falta transparencia en los procesos de compras y adquisiciones en el sector salud , las acciones fraudulentas por los funcionario públicos se ha vuelto una constante que conlleva al des aceleramiento en el desarrollo económico y social de nuestro país. La finalidad del presente estudio, es realizar análisis crítico sobre la problemática de los mecanismos de control en los procesos de compras y contrataciones del Estado en el sector salud, de igual manera se analizará la función pública en lo relacionado a la administración de los fondos públicos, así como la garantía del acceso a la información pública. Presentado propuestas de mejora para la prevención de la corrupción en la contratación del estado de bienes y servicios en el ámbito de la salud enfocado en desarrollo para el país con buenas prácticas y transparencia. La transparencia y rendición de cuentas deben estar presentes como elementos ineludibles en la gestión pública bajo la premisa de que los ciudadanos tienen el derecho a la información pública y a conocer permanentemente el manejo y destino de sus aportaciones, siendo las compras con fondos públicos una gran parte de esos recursos. La Ley de Compras y Contrataciones del Estado establece que la adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración Pública demanda mayor transparencia y agilidad en adecuación a las condiciones actuales del comercio de bienes y servicios.
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    Una propuesta para mejorar la redacción jurídica en Honduras
    (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2025-09-02) Manuel Armando Ayes Callejas; Alejandra Banegas
    El lenguaje jurídico, intrínseco al sistema normativo, es la herramienta mediante la cual se traduce el derecho a la realidad de una sociedad. Sin embargo, su complejidad y carácter técnico han sido, históricamente, una barrera que impide su acceso y comprensión por parte de la mayoría de los ciudadanos y, en no pocas ocasiones, incluso de quienes operan el sistema jurídico. En Honduras, este reto se magnifica por la falta de claridad en los textos legales, lo que genera confusión, ambigüedades y un grado de incertidumbre en la interpretación y aplicación de las leyes. Esta situación plantea una necesidad urgente de modernización y mejora en la redacción jurídica, sin comprometer los pilares fundamentales de precisión y rigor inherentes al derecho. El presente proyecto tiene como propósito ofrecer una propuesta de mejora para la redacción de los textos jurídicos en el país. La propuesta se fundamenta en el análisis crítico de leyes vigentes, identificando las principales deficiencias que afectan su claridad y accesibilidad. Se buscará construir un enfoque que permita simplificar y modernizar el lenguaje jurídico sin que ello implique una merma en su valor técnico. A través de este análisis, se pretende reforzar la función social del derecho, asegurando que las normativas sean comprensibles para todos los sectores de la población y que su aplicación sea más efectiva. Para ello, se presentarán ejemplos concretos de normativas que requieren ajustes, ilustrando cómo una redacción más clara puede impactar de manera positiva la comprensión y, por ende, la aplicación de las normas. La accesibilidad del lenguaje jurídico no solo contribuye a una mejor administración de justicia, sino que también fortalece la relación entre la ciudadanía y el sistema normativo. En este sentido, la falta de claridad en las leyes puede traducirse en un ejercicio desigual del derecho, limitando la capacidad de los individuos para defender sus intereses de manera efectiva y afectando la confianza en las instituciones. Esta investigación partirá de un profundo análisis documental sustentado en la bibliografía proporcionada, la cual comprende una diversidad de obras dedicadas a la redacción y claridad legislativa, técnicas de redacción jurídica, gramática normativa y otros documentos específicos que arrojan luz sobre la realidad legislativa de Honduras y los estándares internacionales aplicables. No se descarta que, durante el transcurso del trabajo, se integren más fuentes que enriquezcan el análisis y permitan un abordaje más robusto del problema planteado. Además, se examinarán sentencias judiciales para evidenciar cómo la ambigüedad en la redacción de las leyes puede afectar la interpretación jurídica y generar fallos contradictorios en los tribunales. El desarrollo del proyecto se estructurará con base en objetivos específicos que guiarán cada fase del trabajo. Se abordarán tanto el contexto histórico y práctico de la redacción legislativa en el país como los problemas más recurrentes que generan obstáculos en su interpretación. Con un marco teórico sólido, se buscarán soluciones que propicien un cambio significativo en la manera en que el derecho se comunica a sus destinatarios, fortaleciendo así la relación entre las normas y la sociedad. Desde esta perspectiva, el concepto de democracia cognitiva, desarrollado por José Revueltas, adquiere relevancia dentro del análisis de la claridad legislativa. Este enfoque sostiene que el acceso al conocimiento es un derecho fundamental y un requisito indispensable para la participación ciudadana en la vida política y social. La redacción jurídica no debe concebirse únicamente como un ejercicio técnico exclusivo de juristas, sino como una herramienta que permita a la ciudadanía comprender, ejercer y defender sus derechos de manera efectiva. Un sistema normativo con lenguaje accesible y claro fomenta una democracia más inclusiva, donde el conocimiento del derecho no esté limitado a una élite, sino que sea patrimonio común de toda la sociedad. Esta primera etapa servirá para sentar las bases del análisis, exponer la problemática y desarrollar la metodología que se utilizará a lo largo del proceso. Se espera que esta investigación contribuya no solo a la claridad legislativa, sino también a la confianza y accesibilidad que los ciudadanos deben tener en el sistema jurídico, consolidando un camino hacia un derecho más justo y transparente. La modernización del lenguaje jurídico debe ir acompañada de estrategias que permitan la formación de una ciudadanía informada, capaz de ejercer sus derechos de manera consciente y con herramientas suficientes para incidir en el debate democrático.
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    El uso de sistemas telemáticos en el arbitraje: desafíos y oportunidades en Tegucigalpa
    (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2025-09-02) Lilian Maribel Berrios Cruz; Mauri Leonel Baquedano Cárcamo; Alejandra María Banegas Turcios
    El arbitraje electrónico en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), surge como una modalidad emergente de resolución de conflictos en el cual se utilizan tecnologías digitales para gestionar disputas de manera rápida y eficiente, esta modalidad ha experimentado una transformación significativa en la era digital. En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, este enfoque de mecanismo alternativo de resolución de conflictos se presenta como una solución viable para superar las limitaciones del arbitraje tradicional (presencial), ofreciendo una alternativa accesible, económica y flexible para la resolución de conflictos de forma electrónica. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos, tanto técnicos como legales, que requieren un análisis profundo para garantizar su efectividad y confiabilidad. Entre las ventajas del arbitraje electrónico se estiman la reducción de costos operativos, la eliminación de barreras geográficas, la agilización de los procesos y la posibilidad de aprovechar herramientas tecnológicas avanzadas y el análisis de datos, para mejorar la toma de decisiones. Además, el arbitraje electrónico puede facilitar la accesibilidad a sistemas de justicia más equitativos, permitiendo a las partes involucradas participar en el proceso desde cualquier parte del mundo. Entre los principales desafíos que enfrenta el arbitraje electrónico se encuentran la protección de datos personales, la seguridad de la información, la validez jurídica de los laudos arbitrales electrónicos y la garantía del debido proceso en entornos virtuales. Este estudio tiene como objetivo analizar en detalle los desafíos y las oportunidades que presenta el arbitraje electrónico en la CCIT, con el fin de identificar las mejores prácticas para su implementación y promoción, de igual forma evaluar el impacto en la evolución de los métodos alternativos de resolución de disputas.
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    Phising y robo de identidad en Honduras: Un análisis de la eficacia de la respuesta del sistema judicial penal
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-08-12) Juan Francisco Reyes Cerna; Ingrid Varinia Suazo García
    El presente informe analiza la problemática del phishing de datos en Honduras, una amenaza cibernética que ha crecido en los últimos años debido al aumento del uso de tecnologías digitales y la falta de educación en ciberseguridad. El phishing es una técnica de fraude en la que los ciberdelincuentes engañan a los usuarios para que revelen información confidencial, como contraseñas, datos bancarios y documentos personales. La investigación se centra en identificar los métodos más utilizados por los atacantes, evaluar el nivel de conocimiento de la población sobre este tipo de fraude y proponer estrategias para mitigar sus efectos. Mediante encuestas y entrevistas con expertos en ciberseguridad, se determinó que un alto porcentaje de usuarios en Honduras es vulnerable a ataques de phishing debido a la falta de medidas preventivas y la poca capacitación en seguridad digital. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que los correos electrónicos fraudulentos, los enlaces maliciosos y las páginas web falsas son las principales herramientas utilizadas para engañar a los usuarios. Asimismo, se evidenció que muchas empresas y entidades gubernamentales no cuentan con protocolos adecuados para prevenir estos ataques, lo que expone tanto a individuos como a organizaciones a riesgos significativos. Como parte de la solución, se recomienda la implementación de campañas de concienciación, el fortalecimiento de la legislación en ciberseguridad y la adopción de tecnologías avanzadas de protección contra fraudes electrónicos. La educación digital y la capacitación constante en buenas prácticas de seguridad son claves para reducir el impacto del phishing en el país. Este estudio busca generar conciencia sobre la importancia de la protección de los datos personales y financieros, promoviendo acciones concretas para mejorar la seguridad en el entorno digital de Honduras.
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    Impacto del estado de excepción en los derechos humanos: análisis comparativo de los marcos jurídicos de Honduras y El Salvador
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-08-12) Iliana Monzerath Licona Leiva; Ingrid Varinia Suazo García
    El presente informe examina la aplicación del estado de excepción en Honduras, destacando sus consecuencias sobre los derechos humanos, el marco jurídico y la seguridad pública. A través de un análisis detallado de casos recientes, se identifican patrones de uso, impactos en la población y retos para la institucionalidad democrática. Los hallazgos evidencian que, si bien estas medidas pueden contribuir temporalmente a la contención del crimen y la violencia, su recurrencia y falta de mecanismos efectivos de supervisión han generado preocupaciones sobre el abuso de autoridad y la vulneración de derechos. Se recomienda fortalecer los controles institucionales, garantizar la transparencia en su aplicación y promover alternativas de seguridad que prioricen el respeto a los derechos humanos. Palabras clave: Suspensión de garantías, Estado de Excepción, Derechos Humanos, Estado de Derecho.
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    Arbitraje de consumo evaluación de los desafíos y oportunidades para la implementación de un sistema arbitral de consumo que cumpla con sus objetivos de protección al consumidor
    (Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2025-08-12) Hernán Alberto Castellanos Palencia; Ingrid Varinia Suazo García
    El presente estudio se enfoca en el arbitraje de consumo como medio de solución alterno de reclamos de consumidores. Basado en la experiencia encontrada en diversos países de latino América y España se llega a la conclusión que es necesario el desarrollo no solo de una ley de arbitraje de consumo sino un sistema que coordine diversos actores institucionales para lograr el objetivo. Además, algunos elementos que se han encontrado altamente diseminados y promocionados como ventajas del arbitraje en la práctica generan problemas como la gratuidad del arbitraje que implica limitaciones presupuestarias y la voluntariedad del arbitraje que se ha encontrado puede generar distorsiones en la aplicabilidad del arbitraje como una vía efectividad. Finalmente, se propone la conformación de un sistema que toma lo mejor de lo aplicado, pero aborda soluciones a los problemas existentes, plasmado en tres niveles de aplicación, a través de una Ley de Arbitraje de Consumo que defina su funcionamiento.
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    Análisis de la situación de los derechos laborales de los jugadores de futbol profesional en Honduras: retos y oportunidades para la protección y promoción de sus derechos.
    (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2025-05-08) Nelson José Muñoz García; Alejandra María Banegas
    El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la situación actual de los jugadores de fútbol profesional en Honduras y la protección de sus derechos laborales en el marco del contrato deportivo. Contexto: El fútbol profesional en Honduras no solo es un deporte popular, sino también una industria significativa que impacta tanto en la economía como en la sociedad. Sin embargo, a pesar de su importancia, los jugadores de fútbol profesional a menudo enfrentan desafíos relacionados con la protección de sus derechos laborales, tales como contratos precarios, falta de seguridad social y condiciones laborales inadecuadas. Metodología: Para llevar a cabo este análisis, se realizará una revisión exhaustiva de las normativas nacionales e internacionales que protegen los derechos laborales de los jugadores de fútbol. Además, se llevarán a cabo entrevistas y encuestas a jugadores, directivos de clubes y expertos en derecho laboral para obtener una visión integral de la situación actual. Este proyecto de investigación busca, por tanto, no solo diagnosticar la situación actual, sino también proponer soluciones prácticas y efectivas para la protección y promoción de los derechos laborales de los jugadores de fútbol profesional en Honduras.