Migración en Honduras: Análisis jurídicos comparativo de los marcos legales en materia de deportación e integración de migrantes retornados en Honduras y El Salavador (2024–2025)

Abstract

Durante el periodo 2024-2025, más de 260,000 hondureños y 200,000 salvadoreños tenían órdenes de deportación activas desde los Estados Unidos. Solo en 2025, la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos de Honduras (SEDH) registró 42,928 personas retornadas, mientras que la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME) reportó 14,189 deportados en 2024. Esa magnitud contrasta de forma llamativa con lo que ambos Estados ofrecen a quienes regresan: marcos jurídicos que no fueron diseñados para responder a esta realidad. Honduras opera con la Ley de Migración y Extranjería, Decreto 208-2003, que no prevé ningún régimen vinculante de reintegración económica, social ni psicosocial. El Salvador mantiene legislación migratoria que data de 1958, catalogada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como la más obsoleta de Centroamérica. Ambos países han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CTMF), pero ninguno ha convertido esa ratificación en normas internamente exigibles, lo que configura un incumplimiento del artículo 84 de la misma Convención. El objetivo general del estudio fue analizar comparativamente los marcos legales de Honduras y El Salvador en materia de deportación e integración de migrantes retornados durante el periodo 2024-2025, identificar sus principales diferencias y deficiencias frente a los estándares internacionales aplicables, y proponer lineamientos concretos de reforma legislativa. Se plantearon cuatro objetivos específicos: identificar los vacíos del ordenamiento hondureño, examinar las limitaciones del salvadoreño, contrastar ambos con los estándares de la CTMF, y formular propuestas de reforma. Para alcanzarlos se adoptó un diseño no experimental con enfoque cualitativo y alcance descriptivo-comparativo, empleando el método del derecho comparado. Los instrumentos de recolección de datos incluyeron 25 fichas de análisis documental, una por cada fuente bibliográfica consultada, una lista de cotejo jurídico-comparativa de 16 criterios organizados en cinco bloques temáticos, y una matriz de análisis normativo comparado con cinco categorías de evaluación. Los resultados evidenciaron que ambos ordenamientos presentan el mismo nivel de cumplimiento efectivo frente a los estándares de la CTMF: apenas el 19% de los 16 criterios evaluados se encontraron plenamente presentes en cada país. Honduras registró 3 criterios presentes, 6 parciales y 7 ausentes. El Salvador registró 3 presentes, 8 parciales y 5 ausentes. Los criterios presentes en ambos coincidieron: existencia de un organismo receptor, asistencia consular y ratificación de la CTMF. Los cinco criterios ausentes en los dos ordenamientos también coincidieron: definición jurídica del migrante retornado, distinción entre retorno voluntario y deportación, atención psicosocial obligatoria, reconocimiento de competencias adquiridas en el exterior, y protección contra la discriminación laboral. Esta coincidencia no es accidental: los cinco criterios ausentes son precisamente los que implican mayor compromiso activo por parte del Estado, lo que sugiere una orientación normativa compartida que prioriza la gestión del flujo migratorio sobre la garantía de derechos individuales del deportado (Böhm, 2021). A partir de esos hallazgos se formuló la 'Propuesta de reforma normativa para la protección del migrante retornado en Honduras y El Salvador', estructurada en cinco ejes de intervención. El primero establece la definición jurídica del retorno forzado, diferenciándolo del retorno voluntario y reconociendo al deportado como categoría específica con derechos propios. El segundo desarrolla mecanismos de reintegración económica con base legal vinculante, articulados con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en Honduras y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) en El Salvador. El tercero establece la atención psicosocial obligatoria desde el momento de la recepción, en coordinación con los ministerios de salud de cada país. El cuarto crea mecanismos de reconocimiento de competencias adquiridas en el exterior. El quinto incorpora garantías antidiscriminatorias en el mercado laboral para personas retornadas. Para Honduras se propone una Ley de Retorno y Reintegración; para El Salvador, una reforma sustantiva a la Ley Especial de 2019. Ambos instrumentos aprovechan la infraestructura institucional ya existente, INM, DGME y CONMIGRANTES, sin requerir la creación de nuevos organismos, y pueden apalancarse en la cooperación técnica de la OIM, USAID y el ACNUR. Se concluye que la brecha entre los compromisos internacionales asumidos y las normas internas vigentes no obedece a falta de instituciones ni a ausencia de recursos: obedece a la ausencia de disposiciones que conviertan lo que ambos Estados ya ratificaron en derechos que el deportado pueda exigir ante un tribunal. La propuesta no plantea obligaciones nuevas para ninguno de los dos países; plantea cumplir las que ya asumieron voluntariamente al ratificar la CTMF. Su viabilidad jurídica, institucional y financiera quedó sustentada en el análisis desarrollado a lo largo del estudio.