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Item type:Item, La eficacia del marco jurídicom en relación al gobierno cooperativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrafa Familia Limitada en los últimos 10 años(2026-11-02) Gladis Yessenia Díaz CálixLa presente investigación analiza el tema: "La eficacia del marco jurídico en relación con el gobierno cooperativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia, Limitada (COOPSAFA), durante los últimos diez años"; relacionado a la gobernabilidad y la gobernanza de la cooperativa. El estudio surge a partir de los antecedentes de conflictos de gobernabilidad e intervención registrados en la COOPSAFA durante el período 2016-2017, así como de la necesidad de determinar si la normativa aplicable ha sido eficiente y eficaz establecida para las Cooperativas de Ahorro y Crédito y en especial la cooperativa objeto de estudio. Así como, si dicha normativa garantizar la adecuada distribución de funciones, participación democrática, transparencia, rendición de cuentas, mecanismos efectivos para la resolución de conflictos entre los órganos del gobierno cooperativo. El objetivo general fue: “Evaluar la eficacia del marco jurídico en relación con el gobierno cooperativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia, Limitada, durante los últimos diez años, con el fin de identificar fortalezas y debilidades normativas que hayan afectado la gobernabilidad y la gobernanza de la cooperativa y proponer recomendaciones jurídicas en dichos procesos”; para ello se examinó la normativa aplicable, el nivel de cumplimiento normativo, el impacto de la supervisión ejercida por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), la existencia de mecanismos de debido proceso para resolver conflictos internos y las medidas necesarias para mejorar la coordinación entre los órganos de gobierno. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con alcance descriptivo y correlacional, mediante un diseño no experimental y de corte transversal. Para la recolección de información se utilizaron la revisión documental, encuestas, entrevistas semiestructuradas, lista de cotejo y análisis de contenido. La población estuvo integrada por directivos actuales y ex directivos que fungieron entre el año 2015 al 2025; por parte de la Administración se consideraron a los colaboradores en puestos de jefaturas y otros asignados en departamento claves como ser el departamento financiero, legal, cumplimiento, riesgos, control interno, y Auditoria. En especial, se determinaron los actores claves vinculados con el gobierno cooperativo de COOPSAFA; así como se incluyó el análisis de documentos jurídicos e institucionales. El 100% de población fue previsto en una cantidad de cincuenta (50) participantes, de los cuales se obtuvieron treinta y cinco (35) respuestas válidas a la encuesta que representa el 70%; además, se entrevistó a cuatro (4) actores clave actuales que representan el 8% de la población: el presidente de la Junta Directiva, el presidente de la Junta de Vigilancia, el gerente general y el Superintendente de CONSUCOOP quien fungió en los últimos diez años (2015 al 2025). Los resultados evidenciaron que la COOPSAFA cuenta con una base jurídica formal amplia, integrada por la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, el Estatuto Social de la cooperativa actualizado en el año 2025, disposiciones emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) y normativa interna relacionada con el gobierno cooperativo. No obstante, el análisis permitió identificar una diferencia entre la existencia formal de la normativa y su aplicación material. Asimismo, la mayoría de los participantes en los instrumentos de investigación aplicados valoraron favorablemente el cumplimiento formal de la normativa. Sin embargo, se identificaron debilidades materiales en la gobernabilidad y gobernanza, principalmente relacionadas con la delimitación de funciones entre los órganos, la comunicación y coordinación institucional, la rendición de cuentas, la capacitación de los directivos y la gestión de conflictos. Un hallazgo importante, es que se identificó como una debilidad histórica la intromisión de algunos directivos en funciones administrativas, particularmente en la relación entre la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia y la Gerencia General. Por tanto, el cumplimiento formal de la normativa no garantiza por sí mismo un gobierno cooperativo eficaz. Sin embargo, aunque existe un marco general relacionado con sanciones, derecho de defensa y procedimientos administrativos, la COOPSAFA no cuenta con un reglamento interno integral y claramente identificado que establezca el debido proceso para resolver conflictos entre los órganos de gobierno. Además, el 94,3 % de los participantes encuestados y los actores claves actuales del gobierno cooperativo de la COOPSAFA consideraron que los conflictos entre dichos órganos pueden afectar la operatividad, administración y reputación de la cooperativa. Otro hallazgo importante, es que la investigación determinó que CONSUCOOP ha tenido una incidencia significativa mediante supervisiones, requerimientos y medidas correctivas que han contribuido al fortalecimiento de controles, actualización normativa, capacitación y definición de responsabilidades. El análisis documental identificó formalmente dos informes de supervisión correspondientes al período estudiado, por lo que se advierte una diferencia entre la percepción de los participantes y la documentación disponible. También se señalaron como aspectos susceptibles de mejora el acompañamiento técnico, la uniformidad en el conocimiento de la normativa y la posible influencia política en algunas actuaciones regulatorias. En conclusión, se determina que la eficacia del marco jurídico es parcial o condicionada; puesto que, existe una estructura normativa que proporciona una base importante para el funcionamiento del gobierno cooperativo, pero su eficacia material depende de la apropiación, conocimiento y aplicación práctica de las normas por parte de los órganos responsables; y la hipótesis general se confirma de manera parcial o condicionada, no de forma absoluta, porque el marco jurídico constituye una base importante, pero persisten debilidades en su aplicación práctica. Como propuesta de mejora, se plantea fortalecer la normativa interna mediante un Reglamento de Gobernanza, Coordinación y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno, un Reglamento de Debido Proceso y Resolución de Conflictos Internos, mecanismos de seguimiento de acuerdos, fortalecimiento de la rendición de cuentas, capacitación diferenciada para los directivos, mejora de la comunicación institucional y un plan de sucesión y liderazgo cooperativo. Estas medidas buscan prevenir conflictos, evitar la superposición de funciones, fortalecer el control institucional y contribuir a la protección de los intereses de los afiliados.Item type:Item, Mecanismos de control del Consejo Nacional Electoral ante la infiltración de capitales ilícitos en Honduras durante los años 2024 y 2025(Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2026-11-02) Sandra Elizabeth Godoy Osorio; César Luis Lanza ElvirLa presente investigación analizó la eficacia de los mecanismos de control aplicados en Honduras durante los años 2024 y 2025 para prevenir la infiltración de capitales ilícitos en el financiamiento político. El estudio partió de la necesidad de determinar si el marco jurídico y las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización permitieron no solamente registrar y revisar operaciones financieras, sino también identificar oportunamente riesgos relacionados con el origen real de los recursos utilizados por partidos políticos, movimientos internos y candidaturas. Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental. La información se obtuvo mediante trece entrevistas semiestructuradas aplicadas a profesionales con formación jurídica y experiencia en distintas áreas del ejercicio del Derecho; trece fichas de análisis documental aplicadas a normativa e informes institucionales; y una matriz de análisis jurídico comparado de los sistemas de México, Colombia, Perú, Costa Rica y Honduras. Los resultados fueron organizados por categorías y posteriormente integrados mediante triangulación. Los hallazgos evidenciaron que Honduras dispone de una base normativa e institucional especializada, cuentas diferenciadas, deberes de rendición de cuentas, auditorías, monitoreo y un régimen sancionatorio. Sin embargo, su eficacia preventiva fue parcial debido a la presentación tardía u omisión de informes, las prórrogas, las limitaciones presupuestarias y tecnológicas, la insuficiente interoperabilidad institucional y las dificultades para verificar la identidad y capacidad económica del aportante real. La evidencia analizada acredita incumplimientos y factores de riesgo, pero no permite atribuir, sin una investigación individualizada, la recepción de capital ilícito a una candidatura determinada. ix Como respuesta, se propone un sistema integrado de fiscalización preventiva y trazabilidad del financiamiento político, acompañado de fortalecimiento técnico, coordinación interinstitucional, herramientas tecnológicas, publicidad de información y sanciones oportunas. La investigación concluye que el sistema existente constituye una base relevante, pero necesita evolucionar desde un control principalmente posterior y formal hacia una fiscalización basada en riesgos, con capacidad de verificación durante el proceso electoral.Item type:Item, Migración en Honduras: Análisis jurídicos comparativo de los marcos legales en materia de deportación e integración de migrantes retornados en Honduras y El Salavador (2024–2025)(Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, 2026-11-02) Génesis Lineth Ramos Cárcamo; Sara Elizabeth Rodríguez LagosDurante el periodo 2024-2025, más de 260,000 hondureños y 200,000 salvadoreños tenían órdenes de deportación activas desde los Estados Unidos. Solo en 2025, la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos de Honduras (SEDH) registró 42,928 personas retornadas, mientras que la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME) reportó 14,189 deportados en 2024. Esa magnitud contrasta de forma llamativa con lo que ambos Estados ofrecen a quienes regresan: marcos jurídicos que no fueron diseñados para responder a esta realidad. Honduras opera con la Ley de Migración y Extranjería, Decreto 208-2003, que no prevé ningún régimen vinculante de reintegración económica, social ni psicosocial. El Salvador mantiene legislación migratoria que data de 1958, catalogada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como la más obsoleta de Centroamérica. Ambos países han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CTMF), pero ninguno ha convertido esa ratificación en normas internamente exigibles, lo que configura un incumplimiento del artículo 84 de la misma Convención. El objetivo general del estudio fue analizar comparativamente los marcos legales de Honduras y El Salvador en materia de deportación e integración de migrantes retornados durante el periodo 2024-2025, identificar sus principales diferencias y deficiencias frente a los estándares internacionales aplicables, y proponer lineamientos concretos de reforma legislativa. Se plantearon cuatro objetivos específicos: identificar los vacíos del ordenamiento hondureño, examinar las limitaciones del salvadoreño, contrastar ambos con los estándares de la CTMF, y formular propuestas de reforma. Para alcanzarlos se adoptó un diseño no experimental con enfoque cualitativo y alcance descriptivo-comparativo, empleando el método del derecho comparado. Los instrumentos de recolección de datos incluyeron 25 fichas de análisis documental, una por cada fuente bibliográfica consultada, una lista de cotejo jurídico-comparativa de 16 criterios organizados en cinco bloques temáticos, y una matriz de análisis normativo comparado con cinco categorías de evaluación. Los resultados evidenciaron que ambos ordenamientos presentan el mismo nivel de cumplimiento efectivo frente a los estándares de la CTMF: apenas el 19% de los 16 criterios evaluados se encontraron plenamente presentes en cada país. Honduras registró 3 criterios presentes, 6 parciales y 7 ausentes. El Salvador registró 3 presentes, 8 parciales y 5 ausentes. Los criterios presentes en ambos coincidieron: existencia de un organismo receptor, asistencia consular y ratificación de la CTMF. Los cinco criterios ausentes en los dos ordenamientos también coincidieron: definición jurídica del migrante retornado, distinción entre retorno voluntario y deportación, atención psicosocial obligatoria, reconocimiento de competencias adquiridas en el exterior, y protección contra la discriminación laboral. Esta coincidencia no es accidental: los cinco criterios ausentes son precisamente los que implican mayor compromiso activo por parte del Estado, lo que sugiere una orientación normativa compartida que prioriza la gestión del flujo migratorio sobre la garantía de derechos individuales del deportado (Böhm, 2021). A partir de esos hallazgos se formuló la 'Propuesta de reforma normativa para la protección del migrante retornado en Honduras y El Salvador', estructurada en cinco ejes de intervención. El primero establece la definición jurídica del retorno forzado, diferenciándolo del retorno voluntario y reconociendo al deportado como categoría específica con derechos propios. El segundo desarrolla mecanismos de reintegración económica con base legal vinculante, articulados con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en Honduras y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) en El Salvador. El tercero establece la atención psicosocial obligatoria desde el momento de la recepción, en coordinación con los ministerios de salud de cada país. El cuarto crea mecanismos de reconocimiento de competencias adquiridas en el exterior. El quinto incorpora garantías antidiscriminatorias en el mercado laboral para personas retornadas. Para Honduras se propone una Ley de Retorno y Reintegración; para El Salvador, una reforma sustantiva a la Ley Especial de 2019. Ambos instrumentos aprovechan la infraestructura institucional ya existente, INM, DGME y CONMIGRANTES, sin requerir la creación de nuevos organismos, y pueden apalancarse en la cooperación técnica de la OIM, USAID y el ACNUR. Se concluye que la brecha entre los compromisos internacionales asumidos y las normas internas vigentes no obedece a falta de instituciones ni a ausencia de recursos: obedece a la ausencia de disposiciones que conviertan lo que ambos Estados ya ratificaron en derechos que el deportado pueda exigir ante un tribunal. La propuesta no plantea obligaciones nuevas para ninguno de los dos países; plantea cumplir las que ya asumieron voluntariamente al ratificar la CTMF. Su viabilidad jurídica, institucional y financiera quedó sustentada en el análisis desarrollado a lo largo del estudio.Item type:Item, Análisis de la relación entre liderazgo estratégico, bienestar físico y emocional y sostenibilidad del desempeño en SES en el año 2026.(Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2026-07-01) Melissa Sarahy Amaya Altamirano; Danelia Giselle Padilla Mendoza; Martha María Hernández; Aldo Craso ZavalaLa presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el liderazgo estratégico y el bienestar físico y emocional del personal operativo, así como su influencia en la sostenibilidad del desempeño en la empresa de seguridad SES. El estudio se fundamentó en teorías relacionadas con el liderazgo estratégico, el bienestar laboral, la salud ocupacional y la gestión del talento humano, las cuales permitieron comprender la interacción entre estas variables en contextos organizacionales de alta exigencia. Metodológicamente, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 53 colaboradores operativos de la empresa, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado. Los resultados evidenciaron una asociación significativa entre el liderazgo estratégico y el bienestar laboral, así como entre el bienestar físico y emocional y la sostenibilidad del desempeño. Los hallazgos sugieren que prácticas de liderazgo orientadas al apoyo, la comunicación y la gestión del talento contribuyen positivamente al bienestar integral de los trabajadores y la sostenibilidad del desempeño. Como propuesta, se diseñó un sistema de monitoreo de fatiga y alertas operativas para fortalecer la gestión del bienestar y la sostenibilidad del desempeño del personal operativo en la empresa SES.Item type:Item, Perfil de formación profesional como variable asociada al desempeño individual en ventas(Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2026-06-01) Janiny Maricela Roque Cruz; Juan Martín HernándezEl estudio caracterizó el perfil de formación profesional y el desempeño individual en ventas del personal comercial de Water Technologies Honduras (octubre 2025 – marzo 2026), mediante un análisis comparativo entre perfiles técnicos y comerciales, con el fin de orientar las decisiones de reclutamiento, selección y desarrollo de la fuerza de ventas. Se sustentó en la Teoría del Capital Humano de Becker (1964) y en la Teoría del Ajuste Persona-Puesto de Edwards (1991) y Kristof-Brown et al. (2005), bajo un enfoque mixto, con diseño de triangulación concurrente, basado en un estudio de caso aplicado. La población prevista estuvo conformada por 17 colaboradores comerciales y 4 decisores institucionales de Water Technologies Honduras. Se aplicó inclusión total al personal comercial, con una tasa de respuesta del 100%, y se obtuvieron entrevistas completas de 2 de los 4 decisores previstos, situación reconocida como una limitación del estudio. Los resultados mostraron una composición formativa heterogénea (29% técnico, 35% comercial y 35% mixto), un desempeño concentrado en niveles medios y un 100% que requería formación adicional. Las habilidades de cierre y la gestión de relaciones presentaron la mayor divergencia, y la experiencia comercial previa fue el factor de mayor peso; el 47% ingresó sin experiencia y el 67% atribuyó la rotación al desajuste formación-puesto. Con base en estos hallazgos se formuló una propuesta para un lineamiento estratégico de selección y desarrollo del talento comercial, articulado en cinco componentes.